Sí a la prisión permanente revisable

Comenzamos el 2018 con una noticia triste y desgarradora. Después de meses de trabajo la Guardia Civil consiguió desenmascarar al asesino confeso de Diana Quer y localizar su cuerpo. Desde aquí quiero transmitir mi pésame a la familia y asegurarles que desde el Partido Popular y el Gobierno haremos todo cuanto esté en nuestras manos para que cumpla la mayor de las penas. Apoyamos, como no puede ser de otra manera, la petición de la familia de Diana para que no se derogue la prisión permanente revisable y para ello presentaremos en el Senado y en todos los ayuntamientos una moción en su defensa. Pido a los grupos políticos de la oposición que reflexionen, reconsideren su postura y renuncien a derogar esta figura legislativa. No es un capricho del Partido Popular. La prisión permanente revisable entró en vigor en España en 2015; es un modelo que está extendido en el Derecho comparado europeo y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos. No se puede usar un tema tan grave como este para obtener réditos políticos. La prisión permanente revisable no es una pena definitiva ni una cadena perpetua, se aplica en aquellos casos de delitos extremadamente graves, como el terrorismo, asesinato de menores, o asesinato con violencia sexual. En ningún caso esta figura renuncia a la reinserción del penado ya que, una vez cumplida una parte mínima de la condena, un Tribunal valora las circunstancias del preso y revisa su situación. Es importante que se mantenga en nuestro ordenamiento jurídico porque permite garantizar la seguridad, los derechos y las libertades de todos los españoles. De hecho existe una amplia corriente de opinión pública a favor de la prisión permanente revisable, prueba de ello es la movilización social que existe en torno a la familia de Diana Quer, las miles de personas que con su firma apoyan su petición. El PP es el único partido que defiende que se mantenga, los demás tendrán que explicar por qué pretenden abolirla. Es un instrumento punitivo que existe en las democracias europeas más avanzadas y debe mantenerse en nuestro Código Penal porque es un instrumento útil que ayuda a constatar si alguien que ha cometido delitos muy graves está rehabilitado.